Los periodistas integrantes de la Asociación de la Prensa de Badajoz (APB) queremos hacer una llamada de atención a la sociedad sobre la situación en que se encuentra este colectivo debido tanto a factores históricos como a los sobrevenidos a partir de la crisis económica y de la irrupción de las nuevas tecnologías. Una situación que está suponiendo un retroceso histórico, tanto en términos laborales como de independencia, en el ejercicio de esta profesión que, no hay que olvidarlo, gestiona uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos: el de la información.
Por estas razones:
La crisis económica desatada desde el 2007 ha destruido hasta el año pasado más de 11.800 empleos de periodistas en España, de los que casi un centenar son extremeños, según el último Informe de la Profesión Periodística elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid correspondiente a 2014. En ese tiempo, han cerrado 364 medios informativos. Solo en el último año, más de 2.400 periodistas se han ido al paro, y hay 9.500 periodistas buscando trabajo en las oficinas de Empleo, de los que 190 lo hacen en las oficinas del Servicio Extremeño de Empleo como primera opción laboral y 519 si se tiene en cuenta el resto de opciones. El número de demandantes de empleo en el mundo de la información ha crecido en Extremadura el 186% desde 2008. Y no se contabilizan aquí los que se han visto obligados a finalizar prematuramente su carrera profesional y acogerse a prejubilaciones en muchos casos forzados por el temor a que el futuro sea peor que el presente.
Por otra parte, los periodistas que continúan trabajando, particularmente los que lo hacen en las empresas privadas, tienen ahora salarios entre un 10% y un 20% menores que los que tenían con anterioridad a la crisis. El sueldo medio de los periodistas es inferior a los mil euros. Hay salarios de 500 euros y las empresas, en muchos casos, están imponiendo el sistema de prestación de servicios para los nuevos trabajadores, de modo que, además de percibir ingresos indignos, tienen que correr con los gastos de la Seguridad Social. Los periodistas autónomos son ya más del 30%, dos terceras partes de los cuales lo son por necesidad, no por oportunidad.
El deterioro del empleo y de las condiciones de trabajo ha hecho surgir, con inusitada fuerza, el intrusismo en la profesión. Hoy día, los ciudadanos ya no saben en muchas ocasiones quién es periodista y quién no lo es; qué empresa se dedica a la información y cuál a un remedo de la información. Decenas y decenas de personas que aparecen en los medios de comunicación, fundamentalmente en la televisión de cuya visibilidad se aprovechan, se definen a sí mismos de periodistas cuando en realidad ni tienen titulación ni preparación para ejercer el periodismo ni las funciones que realizan se pueden semejar, ni remotamente, a un ejercicio profesional desarrollado con las exigencias deontológicas y de calidad que les permitan denominarlo así.
Si en las guerras la primera víctima es la verdad, una de las primeras víctimas de la crisis que azota a los medios de comunicación ha sido la pérdida de la calidad de la información como consecuencia directa del recorte brutal del empleo y de los salarios entre los periodistas. Esta situación ha derivado en unas condiciones laborales y en una escasez de plantillas en las empresa periodísticas que abocan a que la elaboración de informaciones, particularmente las más complejas y polémicas, se lleve a cabo en condiciones incompatibles con el rigor y la independencia que precisa la gestión del derecho fundamental a la información.
Y junto a la pérdida de la calidad se ha producido también una pérdida de la independencia informativa. Los propios periodistas nos suspendemos al calificar con 4,3 puntos el grado de independencia con que hacemos nuestro trabajo. Esta pérdida no es consecuencia únicamente de la crisis, sino también de las condiciones históricas en que se ejerce el periodismo en contexto como el extremeño, en el que, como consecuencia de un tejido industrial débil, el peso de la publicidad de las instituciones públicas condiciona más a las empresas periodísticas.
La crisis en los medios de comunicación ha debilitado a los periodistas y a las empresas periodísticas y, al mismo tiempo, ha abonado el terreno para que se recrudezcan las presiones políticas hacia unos y otros, que se enfrentan a la tesitura de luchar por su supervivencia a cambio de sucumbir a dichas presiones. Los poderes públicos, al mismo tiempo, actúan en beneficio propio en los medios informativos de titularidad pública. En este sentido, la APB, junto con las otras dos asociaciones que en la región representan a la profesión periodística, se ha visto obligada a denunciar las iniciativas privatizadoras de los servicios informativos de Canal Extremadura Televisión, que suponen un intento de controlar la información con personal externo a la Cexma, orillando, al mismo tiempo, a los profesionales de la empresa y vaciando de contenido su labor.
El mundo del periodismo está viviendo una situación paradójica: a pesar de que nunca como ahora ha habido más canales y herramientas al servicio de la comunicación, el ejercicio de informar no se acompasa con las posibilidades tecnológicas al alcance de todos. Y los poderes públicos no están contribuyendo a la libre circulación de la información. En este sentido, la proliferación de la fórmula de la rueda de prensa sin preguntas –práctica de la que Extremadura se ha visto libre hasta ahora–, es un ejemplo de violación del derecho a la información y de la dignidad de los periodistas. Desde aquí instamos a que ningún periodista y ninguna empresa informativa se presten a informar de ella o a tenerla en cuenta en su agenda informativa. Por otro lado, y a pesar de que se han aprobado leyes denominadas de Transparencia –también la hay en Extremadura—no están teniendo los resultados pregonados y se están convirtiendo en una cortina de humo, cuando no en la excusa perfecta tras las que se esconden quienes no creen que la información sea un derecho.
A) Que se comprometan a restituir la pérdida salarial que han sufrido sus trabajadores como consecuencia de la crisis y que dejen de aprovecharse de las circunstancias por la que atraviesa el sector para imponer salarios indignos de profesionales en cuyas manos está gestionar el derecho a la información.
B) Que deje de acoger en sus plantillas a intrusos que se reputan de periodistas y que nada tienen que ver con el ejercicio responsable del periodismo, así como no sustituir a profesionales por becarios, estudiantes en prácticas y sin la titulación requerida.
A) Que dejen de utilizar la publicidad como un elemento de presión para entorpecer y/o impedir que los medios de comunicación ofrezcan informaciones rigurosas e independientes. En este sentido, instamos a los partidos políticos de nuestra comunidad a que elaboren una legislación para que la distribución publicitaria se lleve a cabo con absoluta transparencia y por criterios objetivos e independientemente de las líneas editoriales de cada medio.
B) Que elaboren leyes para que la información relacionada con las administraciones públicas sea de una vez por todas considerada como un patrimonio de la sociedad que en todo momento tendrá que estar disponible y no una herramienta para lograr sus fines particulares y gestionada a su antojo. Las actuales leyes de Transparencia son un paso adelante, pero insuficiente, puesto que no ponen a disposición de los ciudadanos toda la información que manejan las administraciones.
Las elecciones que se avecinan son una buena ocasión para que los partidos que concurren a ellas incluyan en sus programas las modificaciones normativas necesarias para crear una administración verdaderamente transparente en la que la información de los asuntos públicos llegue sin limitaciones –con la excepción de las que marquen las leyes de la intimidad y de la protección de datos personales— a la opinión pública y con control de la Asamblea. También para que se comprometan con la libertad de información, tanto con los medios privados, no haciendo de la publicidad un arma de presión sobre ellos, como de los públicos, creando los mecanismos que garanticen la independencia de sus servicios informativos.